Cómo un nuevo modelo de empresas puede cambiarle la cara a un país

julio 3, 2014 por Cristián Miquel

Estamos en un ciclo de revisión de nuestro orden social, nos estamos preguntando sobre nuestro futuro y estamos reevaluando el camino recorrido. En esta etapa cabe incluir un nuevo tema al debate transformador, el de nuestras formas de relaciones productivas desde las configuraciones normativas que ordenan y predisponen los modos de trabajo y producción.

Uno de los niveles más inmediatos en la vida del individuo es el espacio laboral en el que se desenvuelve. El orden en el que se inserta la persona, en una sociedad donde su principal forma de asociación comercial sólo tiene un objetivo esencial, a saber, la maximización de utilidades ¿cómo será posible generar impactos sociales beneficiosos si no hacemos de la sustentabilidad social y ambiental un elemento integrado a los tipos sociales que  instauramos?

De una adecuada configuración societaria, se pueden obtener sociedades comerciales que emprendan hacia la realización del interés común, integrando los principios políticos que permiten una sociedad democrática, dentro de las estructuras privadas de producción. Este es el sentido de la economía social.

Cooperativa La Esperanza, Argentina. Fotografía bajo licencia CC, disponible en  Flickr

Cooperativa La Esperanza, Argentina. Fotografía bajo licencia CC, disponible en Flickr

Para aterrizar lo anterior, hay que atreverse a experimentar nuevos tipos de sociedades comerciales, un énfasis en modos de relación productiva cooperativos, donde la suma de intereses particulares pueda cumplir los objetivos comunes de los trabajadores asociados, por obra de una institución que intencionadamente busque propender a la integración, el emprendimiento, la asociatividad y la equidad en la compensación por el trabajo.

Podemos explicar el tipo de sociedades comerciales que tenemos desde un estudio de la relación trabajo/capital, para ir entendiendo la razón de ser de las sociedades comerciales cuyo único objetivo es la protección del factor capital y deja para otro cuerpo normativo la protección del factor trabajo, y lo hace de manera extemporanea, cuando el daño social ya ha sido infringido, corrigiendo tardíamente el desbalance y la injusticia; a través de la justicia laboral.

Para hacernos cargo de esto hay que instalar la idea de un emprendimiento inclusivo que pueda proyectar niveles de productividad total mayores, reduciendo los conflictos sociales producidos por la estructura societaria dominante que se encuentra constituida por un conjunto de sociedades comerciales orientadas a la protección del capital y la desprotección del trabajador.

En Chile tenemos una ley general de cooperativas donde se señala expresamente que “(…) son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios (…)[1]  así, el sentido de la asociación cambia, el fin de la empresa no sólo va asociado a fines patrimoniales sino que integra también un principio ético, el de la ayuda mutua y la mejora de las condiciones de vida de los socios. La idea ahí contenida, condensa los deseos más profundos por un nuevo orden de relaciones humanas. Propagar este tipo de asociaciones puede permitir avances significativos en la naturaleza de nuestras relaciones productivas, impulsando el autoempleo por medio de la asociatividad y un emprendimiento inclusivo.

En la experiencia comparada, tenemos casos como el de Euskadi (país vasco) en España, donde existen federaciones de cooperativas de distintos rubros. Esta forma de organización ha salvado a los trabajadores de esta comunidad autónoma, evitando que sean ellos como factor productivo la parte más precaria en el proceso productivo, en el contexto de una profunda crisis económica que ha golpeado a Europa completa pero con especial fuerza a España.

Existe en Chile grandes esfuerzos gubernamentales para incentivar este tipo de asociaciones, sin embargo deben disputar mercado directamente a las grandes sociedades comerciales configuradas bajo esquemas de capital y donde el trabajador es sólo un factor disponible en la producción, desprotegido en el acto mismo de la creación de riqueza.

Existen dos momentos importantes a considerar, el primero es el de la actividad laboral, ahí donde se crea valor, ese valor debe recibir una retribución equivalente, que responda al que entregó esa obra y ese trabajo. Y el otro momento es correctivamente, posterior al momento del abuso. Por esta razón es necesario que como sociedad nos preguntemos por la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos con nuestro iguales al momento de aportar valor, por medio del trabajo. Debemos lograr los efectos emergentes que deseamos, a partir de configuraciones institucionales que generen la comunidad de intereses en nuestros procesos de producción.

Notas

[1] DFL Nº 5, Ley general de Cooperativas, 2003, Título I, artículo 1º.

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