El momento de una nueva Constitución es ahora

abril 18, 2014 por Claudia Heiss
Claudia-Heiss

La sociedad chilena viene desde hace un tiempo dando señales de una urgente necesidad de cambio político. Las instituciones se han convertido en una camisa de fuerza que no representa el sentir mayoritario. La Constitución, que es la ley fundamental, no cumple su función de explicitar un consenso en torno a lo que nos constituye como comunidad política.

Por eso creo que el momento actual se puede calificar como un momento constituyente en Chile. Por primera vez, la gran mayoría del país considera que es necesario revisar en forma global el modelo social, político y económico. El debate sobre el marco fundamental de nuestra convivencia es, finalmente, una discusión sobre la legitimidad democrática de las instituciones que nos rigen, partiendo por la constitución.

A partir de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ya no sólo en teoría sino en la práctica se consagra la idea de soberanía popular como única fuente legítima del poder, como el único origen aceptable de las decisiones políticas. Pero la legitimidad democrática atañe no sólo a la forma como fueron creadas las instituciones, sino a su capacidad de adaptarse a los cambios importantes de la sociedad, ya sea a través de reformas o de nuevas interpretaciones de viejas normas.

Es lo que Brucke Ackerman ha descrito como el modelo dual del constitucionalismo estadounidense. Dual, porque corren por vías paralelas la política ordinaria –donde las normas las hacen los representantes principalmente en el Congreso- y la política constituyente, que pertenece al pueblo y no a su expresión institucional. La política constituyente es, por supuesto, un fenómeno extraordinario, que ocurre con poca frecuencia y remece los cimientos mismos de los acuerdos políticos fundamentales.

En EEUU, bajo la misma Constitución de 1787, Ackerman identifica tres momentos constituyentes: la independencia; la guerra civil que terminó con la esclavitud y modificó la relación de poder entre el gobierno federal y los estados; y el New Deal que tras la crisis del 29 cambió sustancialmente la relación entre Estado y economía, reflejando nuevos consensos sociales.

Nuestra constitución es ilegítima en su origen porque es un decreto de una Junta Militar. Pero ¿ha incrementado su legitimidad democrática a través de las reformas de 1989, 2005 y otras?

No se trata de desmerecer el valor de estas reformas. Fueron avances sustantivos e indispensables. Pero no suficientes para generar adhesión ciudadana. Por más parches que le hagamos a la constitución, el pueblo de Chile no la siente suya. Una razón, aunque tal vez no la única de esta imposibilidad de apropiarnos la constitución, es lo que Fernando Atria llama los cerrojos: la suma de mecanismos contramayoritarios que impiden un debate democrático sobre casi cualquier elemento sustantivo. Los quórums de reforma inalcanzables –sobre todo con el sistema binominal-, las Leyes Orgánicas Constitucionales, el rol del Ttribunal Constiucional, impiden una discusión donde las mayorías puedan efectivamente generar cambios.

Fotografía bajo licencia CC, disponible en  Flickr

Fotografía bajo licencia CC, disponible en Flickr

¿Significa eso que estamos ante un momento constituyente? Como mínimo podemos afirmar que la mayoría de las chilenas y chilenos anhela un nuevo pacto político. Está en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, justo después de las reformas educacional y tributaria, un programa que recibió adhesión mayoritaria en las últimas elecciones.

Desde 1990, el énfasis de los gobiernos de la Concertación estuvo en eliminar los enclaves de la Constitución de 1980: inamovilidad de los comandantes en jefe, senadores designados, rol político de las FFAA a través del Cosena; elementos que hacían imposible la democracia.

Pero habernos liberado no nos hace libres.

Hannah Arendt escribió que la liberación es una condición para la libertad, pero no es su contenido. Una vez que nos liberamos de un yugo opresor, debemos darle contenido a la libertad. La liberación puede darse bajo cualquier régimen político, siempre que permita deshacernos de quien usurpa el poder del pueblo. La libertad, en cambio, sólo puede existir en una república de ciudadanos activos que participan de las decisiones colectivas, defienden sus derechos y fiscalizan a sus gobernantes.

La libertad como ausencia de opresión, que resulta de la liberación, nos deja en condiciones de elegir, de emprender, de ir hacia donde cada cual estime conveniente. Pero no nos constituye como comunidad política. Con la derrota de Pinochet y las reformas a su Constitución, Chile logró liberarse. Pero no hemos alcanzado la verdadera libertad republicana a la que aspiraba Arendt.

Así lo demuestra la brecha entre instituciones y ciudadanos que se expresa en desconfianza en los órganos de representación, desafección política, movilizaciones sociales y una sensación de que el sistema está lleno de trampas y abusos.

Hoy existe por primera vez hay una voluntad clara y mayoritaria de discutir en forma amplia las bases de nuestro ordenamiento político e institucional. No sólo de superar enclaves puntuales.

Esto ha llevado a una situación de tensión entre las instituciones de representación y voces que ejercen presión desde fuera de ellas. Es una presión por cambiar la forma como se han hecho las cosas en nombre de la voluntad popular.

Las reformas liberales en el Chile de 1874, y que se venía discutiendo en los “clubes de reforma” una década antes, son un ejemplo. La República Conservadora se había vuelto insostenible, porque incluso entre la élite chilena el consenso mayoritario era de tinte liberal. Durante la década de 1930, cambios a la constitución de 1925 hicieron posible que un sector amplio la sintiera suya.

En Estados Unidos, la reinterpretación política y económica después de la crisis del 29 que dio paso al New Deal fue, según Ackerman, un momento constituyente. Cosas que parecían imposibles de pronto se hicieron políticamente viables.

El momento constituyente es un periodo de transformación, de cambios en los valores y percepciones mayoritarias, que llevan al cambio y la reinterpretación de la ley fundamental. Estamos hablando entonces de un hecho político. De la transformación de demandas sociales en cambios institucionales.

Para que la sociedad y las instituciones políticas no se distancien, es necesario que haya vasos comunicantes entre ambos, que hagan posible el proceso democrático. Eso está hoy afectado por normas heredadas de la dictadura que hacen que el sistema no obedezca a la voluntad democrática. Por eso la madre de todas las reformas es, como ha escrito Fernando Atria, terminar con los cerrojos de la constitución.

La constitución de 1980 fue una imposición autoritaria en contra del pueblo. Las reformas de los 1990s eliminaron  enclaves pero no cuestionaron sustantivamente el modelo social, político, económico. A partir de las movilizaciones de 2006 y especialmente desde 2011 se produjo este cambio: surgieron nuevos temas, se exigieron nuevas formas de tomar las decisiones.

El desafío es aprovechar con inteligencia esta coyuntura para generar un debate amplio, participativo y plural que permita mejorar nuestra institucionalidad y acercarla a la voluntad popular.

Claro que existe temor al cambio y a la incertidumbre. Hay aprensión de que algunos sectores instrumentalicen este debate para imponer sus puntos de vista y excluir al adversario político. Pero también es cierto que esos temores suelen enmascarar un atávico temor a la voluntad popular, el mismo que albergaron los autores de la Constitución de 1980.

Ackerman dice que un momento constituyente sólo puede ser evaluado a posteriori. Ojalá podamos dejar a las futuras generaciones un legado institucional más democrático que el que nosotros recibimos.

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