El poder de la palabra y el retorno de un viejo problema: libertad de expresión y democracia en Chile

septiembre 16, 2014 por Paula Ahumada

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Afirmar que una sociedad democrática implica también libertad de expresión resulta ser un lugar común, porque se entiende que la democracia “empieza con la conversación”. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la justificación democrática de este derecho es un mantra que se repite a lo largo de declaraciones, informes y sentencias. Por eso, a primera vista sorprende que algunos autores se refieran al derecho a la libertad de expresión como “un puzle para el liberalismo” (Raz, 1995) o, incluso, “un problema para la democracia” (Sunstein, 1993). También, Arendt se refiere a la paradoja que sea en regímenes totalitarios cuando más se demande el derecho a la libertad de expresión, mientras que en sociedades democráticas el mismo derecho parece ya no abrir los canales para la acción política. ¿Cuándo o cómo podría esta libertad derivar en irrelevante o acaso un problema para los sistemas democráticos?

En efecto, la institucionalización de la libertad de expresión es un tema complejo que requiere más que la prohibición de la censura previa por parte del Estado. Por cierto, ese fue el primer paso, fundamental para los países latinoamericanos que en los noventa venían saliendo de regímenes dictatoriales y en los cuales la amenaza más latente a este derecho la constituía el propio Estado. Pero hoy los problemas expresivos son otros, y frente a la desproporción del poder que han adquirido algunos agentes privados, incluso el Estado podría actuar como amigo de la libertad de expresión (Fiss, 1996).

Ejemplo de ello son diversos sucesos que reflejan algunos de estos dilemas en el mercado de las ideas nacional, frente a un Estado casi ausente. La manera con la cual algunos medios respondieron al lamentable hecho de la explosión de una bomba en una estación de metro de Santiago (reportaje Canal 13, titular de La Segunda), así como recientes inserciones en los principales medios de prensa escrita (El Mercurio, La Tercera y La Segunda) -que bajo el título “1973: Allende gobierna fuera de la Constitución y de las leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar” recuerda el famoso Acuerdo alcanzado por los parlamentarios de la época-, no solo se refieren a la función pública que debería cumplir la prensa en la representación de los hechos noticiosos, sino que también alude a otra manifestación de fuerza de “los mismos de siempre” para influir en nuestra esfera pública (recordemos también la campaña mediática contra la reforma tributaria que también recurrió a insertos en varios diarios).

El problema de la concentración ideológica y de propiedad de los medios de comunicación es un tema ya documentado (Mönckeberg, 2009). Diferentes autores han dado cuenta de la triste paradoja que implica que en dictadura contáramos con una mayor diversidad de medios de prensa escrita, mientras que en democracia hemos sido testigo de la venta del diario La Nación, del cierre de La Época y de revistas como Hoy, Análisis, Cauce, Diario Siete, Rocinante etc. Pero respecto a este problema Chile no es una excepción. Ya en países como Argentina,  Bolivia,  Ecuador, Venezuela  y –más recientemente– Uruguay (en discusión), se han promulgado normativas con el objeto de democratizar los sistemas comunicacionales. Sin entrar en detalles sobre estas nuevas normativas (dentro de las cuales ha sido especialmente polémica la ecuatoriana), en Chile parece necesario comenzar por plantearnos si la estructura actual de los medios de comunicación tradicionales permite la expresión de una comunidad política diversa.

Porque si la educación es una de las deudas de los gobiernos de la Concertación, otro gran tema pendiente es aquel que se refiere a la estructura de los medios de comunicación en un contexto democrático, para hacer efectiva la libertad de expresión en el país.

Hace un par de semanas, Héctor Soto, columnista habitual de La Tercera, bajo el título la “La batalla que viene” vaticinaba que el próximo tema en la agenda pública sería el mediático. Pero si para el periodista éste sería promovido por aquellos que “no cree[n] ni en la autonomía ni en la libertad de las personas” son precisamente dichos valores los que sostienen la necesidad de una mirada crítica al panorama de los medios de comunicación en el país.

Porque el derecho a la libertad de expresión es principalmente una libertad política que se mide en cuanto al poder de disenso y capacidad de acción para transformar a la opinión pública, mientras que la autonomía no se restringe a la libertad de elección ni se asimila a la independencia, sino que esencialmente se fundamenta en la diversidad de información y en las alternativas disponibles enclavadas en la cultura pública. No se trata entonces de un problema de audiencias, ni de fallas del mercado de la información, sino de su alcance.

Lo que está en juego en la búsqueda por recuperar una esfera pública colonizada por intereses particulares, es nada menos que la viabilidad del autogobierno colectivo que se manifiesta en un debate público robusto y equitativo. Abordar este tema resulta especialmente urgente en la coyuntura política actual, si este gobierno pretende llevar a cabo reformas estructurales en materia educacional y constitucional. Porque, tal como lo advirtiera Madison “todos los gobiernos descansan en la opinión” y, agregamos, los gobiernos democráticos dependen del principio básico de igualdad de agencia, esto es, de acceso y oportunidad para modificar tal opinión pública.

Y dado este contexto, cualquier contienda por lograr cambios estructurales será desigual. Solo basta imaginarse lo que sería la discusión pública en torno a una nueva Constitución con las líneas editoriales de El Mercurio y La Tercera monopolizando los discursos, creando escenarios polarizados, y con adversarios que no dudan en financiar inserciones en los diarios promoviendo su retórica.

La acción pública estatal es especialmente necesaria cuando nos enfrentamos a estructuras sociales donde las alternativas que determinan nuestro grado de autonomía son establecidas por agentes que no han sido elegidos democráticamente ni reflejan la pluralidad que supone una sociedad democrática, como sucede en Chile. 

Referencias

Arendt, Hannah (1970). On Violence, Harcourt.
Fiss, Owen (1999). La Ironía de la Libertad de Expresión, Ed. Gedisa
Mönckeberg, María Olivia (2009). Los Magnates de la Prensa. Concentración de los Medios de Comunicación en Chile, Debate.
Raz, Joseph (1995). ‘Free Expression And Personal Identification’, En Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics.
Sunstein, Cass (1993). Democracy and the Problem of Free Speech, Free Press.

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