Elites, Concentración Económica y Corrupción en Chile: Las Sombras de un “País Modelo”

mayo 7, 2015 por Andrés Solimano
Screen Shot 2014-05-06 at 02.12.20
Descargar

Una anomalía del modelo neoliberal Chileno, que lo ha hecho tan peculiar en el mundo, ha sido la fuerte influencia del dinero (poder de compra) para acceder a servicios que otrora y en otras naciones, en especial desarrolladas, eran y son un derecho como la educación, la salud, las pensiones, el transporte público y el uso de las calles. Pero ahora nos hemos enterado que el dinero también regula, en gran medida, el funcionamiento del sistema democrático. El país se ha visto sacudido, en los últimos meses, por el conocimiento público de múltiples casos de irregularidades -casos de Penta, Soquimich, Caval y otros- que revelan la altísima injerencia del dinero en la política en Chile. Estas revelaciones han caído como un balde de agua fría en un país que se presentaba internacionalmente, refrendado por rankings de la organización Transparencia Internacional, como una nación de alta probidad y ausencia de corrupción, en contraste con una región latinoamericana afectada por este flagelo, del cual tampoco estaba libre respetables naciones de Europa y Norteamérica. Chile era la excepción que daba esperanzas en un mundo tan volátil y descarriado. Pero nuevamente la realidad da sorpresas.

Poniendo las cosas en perspectiva y dada la relativamente escasa información disponible, Chile parece ser aun un país de baja corrupción a niveles intermedios y de funcionarios de menor rango en la administración del Estado, lo cual explicaría nuestra buena ubicación en rankings internacionales de transparencia. Lo que ha salido a luz, sin embargo, es que al mismo tiempo coexiste en el país una cultura de irregularidades y corrupción de alto nivel que involucra a las elites económica y política dominantes.

El término “corrupción” puede tener varias significados: generalmente se le asocia con pagos por parte de empresas o individuos a funcionarios del Estado por la obtención de favores, servicios, contratos o bienes. Otra acepción incluye aportes monetarios para asegurarse la fidelidad de ciertos parlamentarios en la aprobación de leyes, o de funcionarios públicos en los proyectos de ley y en el contenido de las políticas públicas. Adicionalmente hay una corrupción de otro tipo, pero igualmente dañina y que es la erosión de los valores republicanos de probidad, bien común y respeto a la ley que se socavan por la ambición de ganancia material. Este último factor no debe ser minimizado ya que ha acompañado la verdadera contra-revolución cultural del modelo neoliberal que ha elevado al nivel de valor supremo el interés material y la codicia como estímulo para alcanzar el desarrollo y la prosperidad. Este modelo económico y proyecto político, ha sido aplicado con gran celo y entusiasmo por casi cuatro décadas en Chile y los resultados ya están apareciendo en su real magnitud.

Irregularidades en Dictadura y Democracia

Aunque es difícil de determinar con exactitud, es muy probable que la proliferación de las prácticas irregulares y abiertamente corruptas aumentaron a partir del fin de la democracia, por el golpe de Estado en 1973. La evidencia empírica de irregularidades sugiere que este fenómeno ha tendido a consolidarse con la instauración de una nueva democracia Chilena, a partir de 1990, orientada a consolidar el modelo neoliberal y a mantener un bajo grado de participación ciudadana en las decisiones del Estado.

Si vamos a la historia reciente, en el régimen de Pinochet, al disolverse el parlamento, declarado en receso a los partidos políticos, sin libertad de prensa y falta de independencia de otros poderes del Estado, objetivamente se creó un clima propicio para acciones irregulares ya que la probabilidad de que estas salieran a la luz pública y se investigaran eran reducidas. Así el país se sorprendería, décadas después, cuando se supo, producto de una investigación judicial, que el General Pinochet, Jefe de Estado de facto por 17 años, terminaba sus días de servicio público en propiedad de activos con un valor cercano a los U$ 26 millones. Estas mismas investigaciones se preguntaban como con el sueldo de un General/Jefe de Estado era posible ahorrar tanto para alcanzar esa suma de dinero. No obstante, esta riqueza hoy aparece como relativamente modesta si se compara a los activos de los billonarios chilenos que están en la revista Forbes (de varios miles millones de dólares). Por supuesto la riqueza acumulada por el General es muy alta respecto a lo que puede ahorrar, en condiciones normales, el 99% de los habitantes del país.

Un factor importante, pero poco destacado, detrás de los escándalos de hoy, es el proceso de privatización de empresas del Estado (ENDESA, Chilectra, Soquimich y muchas otras) que tuvo lugar en la década de 1980. Es bien sabido que estas privatización fueron hechas sin criterios mínimos de transparencia, deliberación ciudadana y resguardo del valor de los activos del Estado. Es mínima la información existente sobre los precios de venta de las empresas públicas, como se escogieron a los nuevos dueños y otros elementos claves en esta materia. Personas que se hicieron dueños de estas empresas públicas a precios mínimos están hoy en las listas de los billonarios que publica la revista norteamericana Forbes. Dichas privatizaciones fueron claves para la formación de una nueva elite económica en Chile que controla el grueso de los activos productivos de la nación y que hemos visto ejerce una influencia desproporcionada sobre nuestro sistema político. Lamentablemente, los gobiernos democráticos que sucedieron al régimen militar no realizaron investigaciones sobre las condiciones de privatización de las empresas del Estado y no regularon el proceso de concentración de riqueza que ha crecido a niveles alarmantemente altos. Por el contrario, destacados miembros de la nueva elite del poder en democracia pasaron a ser miembros de los directorios de las empresas privatizadas antes de propiedad de todos los chilenos. Este ha sido un elemento importante del solido matrimonio entre el poder económico y el poder político del último cuarto de siglo de transición a una democracia, transición liderada por gobiernos de centro-izquierda y de centro derecha.

La cultura de irregularidades reinante fue ayudada por dos factores adicionales: la decisión del parlamento de la República adoptada a comienzos de la década del 2000 de legitimar el aporte de empresas –entes jurídicos orientados a la producción de bienes y servicios—a las campañas políticas a condición que dichos aportes fueran secretos, o eufemísticamente “reservados”. Seguidamente, se sustituyeron penas de cárcel por multas monetarias en el caso de delitos económicos. A los pocos años de estas modificaciones legales y administrativas adoptadas por las elites del poder político, el país empezó a conocer las irregularidades de las cadenas de farmacias, los pollos, la pesca, el emplazamiento de mega proyectos en zonas con comunidades de base afectadas y con fragilidad medio ambiental, etc.

Democracia versus Elites Económicas

Nos parece que una causa fundamental que le da un sustento material a la corrupción y las irregularidades de alto nivel en Chile, se debe a la existencia de poderosas elites económicas que controlan una parte muy importante de la riqueza productiva y financiera de Chile y que tienen posiciones dominantes en los mercados claves. Los números de concentración de renta son conocidos: el 1% más rico de la población en Chile controla cerca del 32% del ingreso nacional. En EE.UU dicho porcentaje es de 22%, en el Reino Unido es de 15%, en Argentina 17%, en Francia 8% y en Suecia es 6%. A nivel de mercados los índices de concentración existentes muestran que dos tercios de las colocaciones bancarias las controlan tres grandes bancos, solo seis AFP manejan los ahorros pensiones de más de 8 millones de chilenos (a mediados de la década de 1990 habían 22 AFPs), solo hay tras cadenas grandes de farmacias, etc.

La historia enseña que toda elite busca consolidar e incrementar su estatus de clase dominante y no quiere perder su estatus privilegiado. Las elites económicas desean hacer buenos negocios con mínima interferencia del Estado y ayudadas por un marco regulatorio permisivo, dos conceptos claves en el ideario neoliberal. El paso siguiente para las elites es intentar capturar el sistema político. Podemos identificar cuatro mecanismos que usan las elites para influir, capturar o al menos neutralizar el sistema democrático: (i) contribuciones por parte de corporaciones e individuos ricos al financiamiento de campañas políticas; (ii) actividades de lobby para influir en la aprobación de leyes en materias regulatorias, tributarias y de otra índole favorables a los intereses del gran capital; (iii) influencia a través de la propiedad y financiamiento de los medios de comunicación masivos y la industria publicitaria; y (iv) movilización de intelectuales y académicos para presentar argumentos técnicos a favor de políticas públicas que benefician al poder económico. Una democracia efectiva, con participación ciudadana, publico informado, parlamentarios sujeto a límites de periodos y revocables, con una prensa pluralista es un riesgo para la concentración de poder económico en pequeñas minorías. El conflicto entre democracia y capitalismo (concentrado) es evidente. El poder democrático puede subir impuestos, regular las empresas, aprobar legislaciones laborales que no sean del gusto de la clase capitalista o incluso nacionalizar sus empresas, bancos y yacimientos minerales. Todas estas opciones para regular al gran capital ya se han observado en la historia, tanto en Chile como en otros países. Cuando los intereses del poder económico se han visto amenazado seriamente, el gran capital ha sacrificado la democracia para mantener su estatus de elite privilegiada. El golpe de Estado de septiembre de 1973 es un caso al respecto pero existen muchos otros ejemplos a nivel internacional.

Es claro que para contener el enorme poder del dinero que ha infiltrado las instituciones, y subvertido los valores republicanos, deslegitimando el sistema democrático se necesitan transformaciones estructurales de largo alcance que reviertan la creciente captura de la sociedad por los grupos económicos en estrecha alianza con la clase política. Hay que instaurar mecanismos de democracia directa y realizar reformas institucionales en la democracia representativa que eliminen los incentivos a la corrupción y recuperen la lealtad de los representantes con el pueblo, que los elige, y no con las minorías que los financian para poder ser elegidos. A nivel económico hay que superar el neoliberalismo el que debe ser reemplazado por un sistema alternativo de democracia económica que neutralice el poder de las elites y re-enfoque la distribución del excedente económico a la mayoría de la población, hoy en gran medida ausente del proceso democrático y de los beneficios del crecimiento económico.

Más Ideas y Proyectos

A la espera de que se tramite en el Congreso la modificación al capítulo XV de la Constitución, que regula su posibilidad de reforma, el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile invita a Coloquio “¿Es legítima nuestra actual Constitución? ¿Existe en Chile […]

Entrar a Observatorio aquí: redconstituyente.cl Con un debate sobre el estado actual y los pasos a seguir del proceso constituyente se realizó este lunes 8 de mayo el lanzamiento del Observatorio del Proceso Constituyente de la Fundación RED: Red de Estudios […]

La siguiente entrevista al director de RED José Gabriel Palma fue publicada originalmente en Flacso y en CIPER Chile.  -¿A qué asocia el difícil escenario político-económico que América Latina atraviesa en la actualidad? Unos más, unos menos, el panorama es de […]

Artículo publicado originalmente en Ciper Hace unos días un residente de los llamados ‘guetos verticales’ de Estación Central se refería a su situación de la siguiente manera: “Antes de este escándalo dormíamos mal por el ruido, hacíamos cola para el […]

Ver más Ideas y Proyectos