Feminismos disidentes frente al aborto: las tres causales no son suficientes

marzo 23, 2015 por Lieta Vivaldi
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Foto: The Clinic

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El martes 17 de marzo se inició la discusión en el Parlamento del Proyecto de Ley presentado por la Presidenta Bachelet que contempla tres causales específicas para despenalizar la interrupción del embarazo: riesgo vital para la vida de la mujer, malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y embarazo producto de una violación. Esta legislación pondría fin a la prohibición absoluta de abortar que existe en Chile desde 1989. Sin embargo, la sola idea de legislar el aborto por causales ha generado una serie de reacciones violentas y machistas desde distintos sectores. Representantes de instituciones privadas de educación, del parlamento y autoridades religiosas han banalizado la violencia sexual e ignorado la autonomía reproductiva, develando la resistencia de los sectores conservadores a reconocer a las mujeres como sujetas de derechos.

El proyecto propuesto por el gobierno no da cuenta de la realidad del aborto como una práctica clandestina que provoca serias desigualdades de género y clase. Por ello, sectores feministas se han movilizado para impulsar, como se analizará a continuación, la ampliación del debate más allá de la propuesta limitada que se está discutiendo. En este breve artículo presentamos posturas de distintas representantes del movimiento feminista respecto a cómo se ha instalado la discusión y se ha iniciado el proceso legislativo, los puntos clave de la discusión y sus expectativas respecto a la legislación de aborto.

La Coordinadora Feministas en Lucha (CFL) agrupa a distintas organizaciones de carácter feminista y/o disidentes sexuales para articular demandas y miradas políticas con los movimientos sociales. “Convergemos y nos vinculamos en la lucha por la liberación de quienes experimentamos las distintas formas de opresión doméstica, explotación laboral y violencia sexual a causa de nuestras sexualidades, marcas de género, de clase, de etnia y otras tantas diferencias sometidas o subyugadas en esta sociedad capitalista, heterosexual y androcéntrica”, señalan. La CFL exige el aborto libre seguro y gratuito. Cuestionan además el proceso por el que se ha llevado a cabo la discusión sobre la ley de aborto en Chile ya que, recalcan, se ha excluido de manera rotunda y consistente a las y los feministas. El proyecto introducido es sólo de aborto terapéutico. “Esto simplemente nos devolvería un derecho que nos quitó la dictadura en 1989. No es una ley de aborto libre, seguro y gratuito como lo que busca la CFL”, explican. Frente a esto, agregan que “aunque esta ley representa, tal vez, un piso mínimo, está muy lejos de satisfacer las necesidades reales de las mujeres, que se seguirán practicando abortos clandestinos, ya que el actual proyecto de ley no cubre más allá del 3% de los abortos realizados en Chile todos los años. Además, ese porcentaje tan escueto ni siquiera es asegurado, ya que la Presidenta Michelle Bachelet presentó la ley según un sistema donde cada causal puede ser votada por separado y donde hay, dentro de la misma coalición de gobierno, voces disidentes y opuestas, particularmente en cuanto la causal de violación”. En esta misma línea aseguran que “más allá de nuestro fuerte repudio hacia los dichos retrógrados y profundamente machistas de figuras como el Arzobispo Ezzati, el Rector Sánchez, o el Diputado Pablo Lorenzini, la CFL plantea que la posición que la negación del aborto libre en Chile es también un tipo de violación, una violación profunda de nuestro derecho a decidir por sobre nuestros cuerpos y que afecta, además, a las mujeres en Chile según una estratificación de clase”.

La Articulación Feminista por la Libertad de Decidir (AFLD) está compuesta por mujeres que pertenecen a otras organizaciones sociales pero que se articulan en este espacio desde su sensibilidad feminista. Desde ese lugar contribuyen a la conversación entre diversos feminismos chilenos y difunden su discurso en los más diversos espacios posibles. Hay mujeres teólogas, ligadas a organizaciones poblacionales, estudiantiles, profesionales, de trabajadorxs, a la academia, a ONGs y a organizaciones territoriales. Reconocen que el proyecto de ley presentado por el gobierno ha permitido instalar en el ámbito público un debate que se encontraba vetado hace más de 20 años. Sin embargo, no cumple con el deber que tiene el Estado de desarrollar una política con enfoque de derechos humanos que garantice el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En Chile, la mayoría de las mujeres seguirán arriesgando su libertad, e incluso su vida, al practicarse un aborto. Más grave aún es la situación para las mujeres de los sectores más empobrecidos y desprotegidos de la sociedad.

“Consideramos que el proyecto de ley es un piso ético mínimo, que en el mejor de los escenarios nos devolverá a las mujeres derechos que ya se encontraban ganados hace 25 años y que fueron arrebatados en la Dictadura de Pinochet. Por este motivo, observamos con preocupación la falta de voluntad política que ha demostrado el Ejecutivo respecto a este tema, con actos que incluyen la renuncia de la Ministra de Salud por destapar verdades silenciadas, y por otra parte, la condescendencia respecto a grupos de poder con motivaciones religiosas y conservadoras. La Democracia Cristiana, por ejemplo, exige presentar las tres causales del proyecto por separado, puesto que se niegan a aprobar la causal de violación. A nuestro juicio, esto seguirá perpetuando la obligación que tienen hoy niñas y mujeres violadas de llevar estos embarazos a término, incluso en contra de su voluntad”, explican la AFLD.

Destacan que la propuesta anunciada por el Ejecutivo es más conservadora que algunas elaboradas previamente a nivel parlamentario, con un lenguaje muy restrictivo que deja nulo espacio a la reinterpretación de la ley y así, a la posibilidad de avanzar hacia un debate más amplio respecto al tema del aborto. En Argentina, por ejemplo, el aborto terapéutico se encuentra despenalizado en caso de riesgo de salud de la mujer, y no sólo de vida, como se plantea en Chile. Lo anterior permite considerar el bienestar emocional y social de las mujeres como causal legítima de aborto no punible. Recalcan que la mayoría de los países desarrollados se rigen por sistema de plazos, e incluso, algunos como Francia, han transformado la interrupción del embarazo en un derecho consagrado de las mujeres, elevando las multas y sanciones para quienes obstaculicen el derecho a abortar.

Asimismo, critican fuertemente que un estado laico siga influenciado por los intereses de grupos religiosos minoritarios negociando para su estabilidad los derechos humanos de sus ciudadanas. Desconfían del rumbo que tomará la discusión, y sobretodo, de cómo se garantizará el acceso a servicios de salud integrales que estén disponibles en todos los rincones del país y que provean diferentes ofertas de anticonceptivos, aborto médico y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.

El Colectivo Agar reúne a teólogas feministas. Ellas reconocen cómo la hermenéutica religiosa complejiza el debate de aborto en Chile y por ello deciden sumarse a la iniciativa de instalar el tema en la agenda política y llevar al espacio público lo que, en sus palabras, perteneció a la esfera privada por demasiado tiempo. Para ellas el acceso irrestricto a los derechos sexuales y reproductivos constituye prioridad para llegar a ser ciudadanas plenas y así incentivar la capacidad de decisión de las mujeres respecto a sus maternidades. Sobre su opinión en torno a las principales religiones de Chile, entre ellas la católica como la más empoderada, señalan: “han tendido a dominar los cuerpos y moldear los pensamientos. Para desarrollar estas prácticas hacen uso y abuso de la gran cantidad de espacios y territorios que poseen: colegios, universidades, centros hospitalarios y medios de comunicación, entre otros. Transmiten doctrinariamente una escala de valores contraria a los derechos humanos fundamentales de salud pública y sexual”. Lo anterior ocurre tanto en la iglesia católica, que mantiene en el imaginario de creyentes y no creyentes la idea de castigos sobrenaturales, como en el pentecostalismo evangélico en el que la interpretación literal de la biblia contiene un discurso machista, sexista homofóbico y violento hacia las mujeres. Critican que las iglesias insisten en elaborar políticas públicas aliándose con el Estado, instalando terror en la vida por ejemplo, de las niñas y adolescentes violadas y también en sus familias al exponerlas a maternidades no deseadas. Insisten en que la experiencia humana no se puede legislar con la biblia. “En el antiguo testamento el aborto no se consideraba un asesinato y el feto no clasificaba en la calidad de vida humana, Jesús tampoco abortó ni condenó el aborto”, recalcan. Ellas exigen laicidad efectiva del Estado para que se legisle de acuerdo a la autonomía reproductiva y no sólo a las tres causales invocadas por el gobierno. Concluyen que diversas teólogas feministas de América Latina, el Caribe y el mundo entero hacen múltiples esfuerzos por intervenir a favor de la despenalización del aborto, apuntando a desmontar la violencia que emerge desde el mundo religioso.

La Campaña Derecho A Decidir = Persona Libre se inició en Valdivia en junio de 2014 y en octubre se amplía al resto del país. Hoy está integrada por alrededor de 30 organizaciones distribuidas en 9 ciudades. La Campaña llama a debatir abiertamente el aborto sin necesidad de apelar a una causal específica, si no a criterio de las mujeres según sus propias decisiones. El objetivo es informar y sensibilizar a la sociedad civil y a la ciudadanía organizada respecto de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el marco del proceso de despenalización y legalización del aborto en Chile. Señalan que “se nos está haciendo creer que esta ley de aborto responde al respeto por los derechos humanos de las mujeres y si bien efectivamente responde y da solución a situaciones puntuales, son situaciones excepcionales y deja al resto de las mujeres en la misma situación de clandestinidad y de criminalización en que hemos vivido durante todos estos años. Asimismo, la educación sexual sigue siendo una gran falencia de parte del Estado”.

Plantean temor que, de ser aprobada esta ley, no se siga avanzando en la legalización del aborto en tanto derecho a decidir de las mujeres, al igual como ha ocurrido en otros países de América Latina. . Por otra parte, también destacan la precaria situación económica de las organizaciones feministas, lo que tiene como consecuencia una situación de desigualdad en el debate, considerando que los grupos anti aborto y anti derechos cuentan con el respaldo político y económico de los grupos de poder en Chile.

La Campaña ha generado vínculos con organizaciones dentro y fuera del país. En España e Inglaterra, por ejemplo, se han creado núcleos de trabajo para apoyar la legalización del aborto en Chile.

Finalmente, al margen del proceso legislativo, consideran que en materia de aborto se requiere una transformación cultural de fondo en el país. De este modo se podrá enfrentar como sociedad, de manera abierta y sin tabús, la sexualidad garantizando y respetando los derechos de mujeres y niñas.

Como hemos visto en este artículo, diversas organizaciones feministas manifiestan preocupación respecto al modo en que se ha planteado la legislación sobre el aborto, el contenido de las causales de despenalización contempladas en el proyecto y el rumbo que seguirá la propuesta. Todas coinciden en que las tres causales que se discuten actualmente son muy limitadas y que la gran mayoría de las mujeres seguirán abortando en la clandestinidad. Una legislación tan restringida profundiza las desigualdades de género y clase. En este sentido, estas organizaciones manifiestan preocupación por el modo en que se garantizará el acceso al aborto en las distintas partes del país, así como por la importancia de que esas medidas se complementen con educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

Asimismo, realizan una fuerte crítica a la influencia de posturas religiosas en la elaboración de políticas públicas de un Estado laico. En particular, el Colectivo Agar advierte la forma en que las religiones dominantes restringen los derechos humanos, en particular los derechos a salud pública y sexual.

En efecto, para que se garanticen realmente los Derechos Sexuales y Reproductivos, se debe reconocer a las mujeres como sujetas de derechos capaces de decidir autónomamente sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción. Para que esto sea posible, el aborto debe ser libre, seguro y gratuito.

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