Hacia una efectiva participación ciudadana en la gestión pública

julio 7, 2015 por Carlos Zanzi
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Chile se encuentra frente a varias disyuntivas políticas. Un Estado subsidiario versus un estado basado en los derechos de la ciudadanía, el modelo económico de crecimiento versus un modelo sustentable, el centralismo versus mayor injerencia de lo local, son algunas de las disputas que están en etapa de resolución. Cualquiera salida de este conflicto supone una definición respecto del tipo de sociedad democrática que sustentará nuestra convivencia. La tendencia de las últimas décadas ha estado marcada por la preponderancia de una democracia que de protegida se transformó en elitista, limitando los procesos democráticos al accionar casi exclusivo de las instituciones representativas dominadas por los partidos políticos, siendo una de sus característica la de estar alejados de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general.

Este diagnóstico hoy no admite mayor discusión. Chile está ante la encrucijada de modernizar, democratizar, hacer participativo su modelo político. Es el desafío para transformar y llevar adelante reformas profundas que permitan dilucidar cuestiones centrales, algunas de las cuales ya hemos enunciado.

Este proceso se ha iniciado. Las cúpulas políticas, en sintonía con las movilizaciones y exigencias ciudadanas, se han acercado a la apertura democrática que el país exige. Así se manifiesta en el Programa de Gobierno 2014 – 2018, publicado por la Nueva Mayoría, el que en una parte de su texto indica que su proyecto es “una invitación a participar para transformar y llevar adelante reformas profundas que permitan derrotar la enorme desigualdad existente en nuestro país”.

El presente artículo tiene por objetivo central exponer resumidamente el marco histórico, social, jurídico, en su variable internacional y nacional, que reconoce, organiza y regula la participación ciudadana, poniendo especial relevancia a su relación con la gestión de políticas públicas, con el fortalecimiento y reorganización de las organizaciones de la sociedad civil.
En Chile existe una institucionalidad establecida respecto de la Participación Ciudadana.
La promulgación de la ley 20. 500 estableció el marco institucional-jurídico sobre el cual las dinámicas participativas deben desarrollarse. La ley establece normativas, pero no restringe el desarrollo posible de la Participación Ciudadana en cualquier nivel institucional público. Establece derechos, entrega orientaciones, modifica y norma la forma como determinadas instituciones y organismos deben avocarse a cumplir con sus funciones de orden participativo.

La ley 20. 500 es la expresión institucional existente a la época a de su promulgación. Ella mandata a diversas instituciones del estado nacional y de la institucionalidad comunal sobre las formas y contenidos con que deben adecuar la nueva etapa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, comprendidas en el concepto de organizaciones sin fines de lucro, y el cómo hacer posible, facilitar y hacer obligatorio la participación de estas en la gestión pública nacional, regional y comunal.
Es más, la ley 20. 500 responde no solo a una demanda y preocupación sentida de la sociedad civil organizada, frente a un mapa institucional y una cultura política que no le otorgaba mayores posibilidades de incidir en las políticas públicas, sino que también responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile al suscribir en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Portugal, en diciembre de 2009, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Es este un importante hito político por cuanto en su preámbulo “propone un lenguaje común sobre la democratización de la gestión pública en Iberoamérica para su mejora al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y ofrece un marco de referencia no vinculante jurídicamente para que los Estados iberoamericanos puedan adaptar sus orientaciones a la idiosincrasia, historia, cultura, tradición, jurídica y entrono institucional de sus sociedades”
En efecto, la Carta se hace cargo en forma completa y propositiva de todos aquellos aspectos que resultan relevantes tomar en consideración al elaborar una política pública de participación ciudadana.

Para ello señala la importancia de señalar el objeto, las fundamentaciones y los principios que debe tener la participación ciudadana en la gestión pública, entendiendo que ella es “el proceso de construcción ciudadana en la gestión pública social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”, agregando que la participación ciudadana en la gestión pública se basa en principios de constitucionalizaciòn, igualdad, autonomía, gratuidad institucionalización, corresponsabilidad social, respeto a la diversidad y no discriminación y adecuación tecnológica.
A mayor especificación, la Carta señala la importancia de incorporarla en los procesos de formación de las políticas públicas, el cual debe ser transversal y continuo en sus momentos de elaboración, implementación, seguimiento y de actuación de los poderes públicos, los cuales velarán para que pueda ser ejercida a lo largo del proceso de formación de las políticas públicas, los programas sociales y los servicios públicos.

Enfatizando que la participación ciudadana en el proceso de formación de las políticas públicas tiene que preverse tanto en su fase de formulación como en las de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, mediante mecanismos apropiados. En congruencia con ello, los Estados iberoamericanos deberán garantizar la participación ciudadana en la gestión pública en todos los ámbitos sectoriales y niveles territoriales: supranacional, nacional, regional o local, y en sus correspondientes sistemas de gestión
Para cumplir con sus principios la Carta señala que debe propiciarse el acceso a información de interés general, su difusión activa y la posibilidad de consulta a través de medios físicos, audiovisuales y electrónicos. Esta difusión pública debe realizarse a través de los canales de comunicación abierta y permanente en cada área de la Administración. La invitación pública a la ciudadanía a vincularse con la Administración debe hacerse sin otro requisito que su condición de ciudadano y ciudadana y la respuesta debe darse en tiempo y forma adecuada a toda consulta, solicitud o propuesta presentada.

Las prácticas participativas que inciden en el desarrollo de las políticas del sector público deben estar basadas en convocatorias formales, amplias y abiertas, que contemplen a todas las personas u organizaciones, evitando que aquellos grupos de la sociedad que detentan un mayor poder económico, social o cultural excluyan a los sectores que suelen estar sub representados o marginados. Precisamente, la planificación participativa e inclusiva le da legitimidad ciudadana a las políticas públicas.

Para una ética democrática anclada en los derechos humanos, los deberes, más que imposiciones, son responsabilidades para con los demás, y en términos generales, con la sociedad en su conjunto. Los deberes que no se asientan en derechos contravienen el principio de la libre asociación y autodeterminación de la sociedad que hace de la democracia la forma de autogobernarse.

Para la Carta el Estado reconoce a las personas el derecho a asociarse libremente, si bien condiciona que este derecho se ejerza con responsabilidad democrática. Si este acuerdo fundacional se cumple, el Estado se obliga a respetar la autonomía de las organizaciones sin fines de lucro y su funcionamiento estatutario conforme a la ley; a promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil; a reconocer en estas organizaciones el derecho de las personas a participar en las políticas, planes, programas y acciones de la gestión de las políticas públicas y a aceptar que las organizaciones sin fines de lucro que representan el interés público tienen el derecho a exigir del Estado la transparencia y la rendición de cuentas de las responsabilidades que le han sido confiadas por la ciudadanía.

Junto a la calidad de usuario o beneficiario se debe fortalecer la de participante en las decisiones que sobre las políticas públicas adopta la Administración Pública. La calidad de participante, promovida y respaldada por la administración del Estado, sitúa a las personas en un nivel de mayor responsabilidad ciudadana, y crea las condiciones para un empoderamiento social que resulta estratégico para el desarrollo.

Debe darse especial atención a la provisión de mecanismos participativos especiales para incluir a todo ciudadano y ciudadana que por su lengua, condición social y cultural, discapacidad, ubicación geográfica u otras causas, tenga dificultades para comunicarse con la administración; o limitaciones para acceder a los mecanismos de participación ordinarios, lo que incluye mecanismos de colaboración adecuados para que los pueblos indígenas, las comunidades o colectivos de ciudadanos se estructuren y definan sus propias fórmulas de representación interna a fin de hacer viable el diálogo con las administraciones públicas.

La Carta señala la necesidad de una gestión transparente de intereses a instancias de colectivos ciudadanos para manifestar reclamos, propuestas o consultas en el marco de las políticas y normas vigentes.

Para ello, es preciso adecuar el funcionamiento de la gestión pública al acceso libre en tiempos pres establecidos, en formatos accesibles. La transparencia es un principio que debe orientar la relación de la administración con los ciudadanos y las ciudadanas en el manejo de la gestión pública.
Finalmente la Carta, y con el fin de conocer la incidencia ciudadana en la gestión pública, señala como necesaria la realización de un proceso de evaluación de la participación ciudadana en esas instancias.
A modo de síntesis, en la Carta los Estados Iberoamericanos signatarios se comprometen a promover la participación ciudadana en la gestión pública siguiendo las pautas de orientación contenidas en ella, con el propósito de estimular la democracia participativa, la inclusión social y el bienestar de los pueblos de Iberoamérica.

Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Promulgada el 16 de febrero de 2011.
Esta importante ley es el resultado de un trabajo iniciado desde los días de lucha contra la dictadura militar. Cerrados los espacios para todo tipo de participación política y social la ciudadanía reivindicó entre sus demandas la necesidad imperiosa de que el país se encausara hacia una democracia que solo estuviese sujeta al poder soberano de la ciudadanía. Desde esas décadas el concepto de la participación adquirió relevancia. Ella se expresó en sus diversas acepciones. La participación política expresada en la libre existencia y determinación de partidos, movimientos o corrientes políticas que dieran cuenta del amplio espectro ideológico, valórico, de intereses que existía en el país.
También se expresó en la diversidad y amplitud del tipo de organizaciones sociales que se mantuvieron o aparecieron en esos años de oscuridad democrática. La sociedad civil organizada representó las ideas, los intereses de una ciudadanía que fue esencial y referencial en el proceso de devolver al país una institucionalizada basada en principios mínimos de convivencia democrática.

La vuelta a la democracia estuvo centrada básicamente en la elección de los cargos de elección popular y en el perfeccionamiento lento y paulatino de las funciones del poder ejecutivo y legislativo. Este proceso de reformas estuvo alejado de la consulta y de la participación de la ciudadanía. Esto derivó en un retraso de las iniciativas que exigían ampliar el sentido de la democracia chilena. La participación ciudadana estuvo lejana en los primeros años de democracia. Los intereses de la sociedad civil organizada fueron condicionados a las debilidades del proceso democrático, limitado a los cambios de las superestructuras del aparato estatal que operaban con la exclusiva concurrencia de los partidos políticos.

Es en este contexto que surge la iniciativa de impulsar un cuerpo legal que diese lugar a las demandas de participación y fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Es en la primera década del siglo XXI que se presentan las primeras conversaciones e iniciativas oficializadas en junio del 2000 con la designación de un Consejo Consultivo compuesto por 28 personas y la implementación de un proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil administrado por la Secretaria General de Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ejecutado por organizaciones de la sociedad civil y con la participación de cientos de organizaciones y personas que expresaron sus puntos de vistas respecto del proceso de fortalecimiento de las distintas facetas de trabajo y acción del mundo social, configurando la posibilidad de legislar y cambiar el rumbo de la relación Estado – Sociedad Civil. Este proceso culmina con la presentación del proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública presentado por el poder ejecutivo en junio de 2004.

La tramitación de la ley 20.500 se prolongó por siete años. En su discusión parlamentaria, la historia de la ley así lo demuestra, el texto original fue sometido a números cambios siendo los más significativos la incorporación del título IV de la ley orgánica constitucional 18.575, que incorpora a las Bases de la Administración del Estado el reconocimiento del derecho a la participación por parte de la ciudadanía en las acciones del Estado, estableciendo modalidades específicas de participación en la gestión pública. Otra importante modificación es la introducida al Código Civil que al asimilar el concepto de Asociaciones, introducida en la ley 20.500, con el de Corporaciones, simplifica, descentraliza y facilita el proceso de obtención de la personería jurídica de dichas organizaciones.

La ley 20.500 en términos generales se refiere a una serie de materias que constituyen nuevas disposiciones que reconocen, regulan y amplían el derecho ciudadano a asociarse en instituciones reconocidas por su importante incidencia pública, permitiendo institucionalizar su trabajo como representantes legítimos de la sociedad civil en los espacios públicos nacionales, regionales y locales.
A modo de síntesis estas son las principales materias legisladas en la ley 20.500:

DERECHO DE ASOCIACIÓN

En este título la ley consagra el derecho que tiene toda persona para asociarse libremente en la consecución de un interés o finalidad licita, explicitando que es deber del Estado promover el asocianismo, respetar su autonomía, fomentar su establecimiento y asegurar el acceso de la sociedad civil a los recursos púbicos sobre la base de criterios técnicos y de plena transparencia.

Estas asociaciones o corporaciones sin fines de lucro pueden también constituirse como fundaciones. Se acepta y reconoce la constitución de agrupaciones que no gocen de personalidad jurídica. Para ello se constituye el Registro Nacional de Personas Jurídicas, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación, en colaboración con los municipios. En la ley se reconoce el carácter de Asociaciones a las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales y demás personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales.
De las organizaciones de interés público.

La ley le otorga este carácter a las personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción de interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia, social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado. Para tales efectos deben estar inscritas en el Catastro Nacional de Organizaciones de Interés Público.

Del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Este Fondo se constituirá con los aportes ordinarios o extraordinarios, que la ley de presupuesto contemple anualmente para tales efectos, los aportes provenientes de otros organismos del Estado, donaciones, con los aportes de cooperación internacional recibida a cualquier título y otros aportes que se hagan a título gratuito. Estos recursos deberán ser destinados al financiamiento de proyectos o programas nacionales o regionales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Las modificaciones a la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado agrega un nuevo título a este cuerpo legal. En efecto se incorpora el título IV que con el nombre de “De la Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de gestación y decisión de las políticas públicas.

Este nuevo título constituye una reforma sustancial en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Desde el retorno a la democracia en 1990 la ciudadanía y sus organizaciones han expresado la necesidad de proceder a reformar el sistema representativo chileno tomando en consideración la institucionalidad vigente desde la constitución de 1980 que se estableció para impedir formas y objetivos democráticos. Estas reformas, que se relacionaban con el sistema electoral, la configuración del poder legislativo, y su nivel de representatividad estaban dirigidas al modificar las reglas del juego del sistema de democracia representativa, quedando pendiente reformas que significaran abrir la democracia en función de la imposibilidad institucional que la ciudadanía tenía para incidir en las políticas públicas. Este es el contexto que incorpora un nuevo título a la Ley de Bases de la Administración del Estado, con lo cual la ciudadanía queda jurídicamente habilitada para incidir en todos los niveles de las políticas públicas.

En efecto, el nuevo título IV explicita que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones, incorporando con esta amplia gama de acciones estatales a todas aquellas formas de actuación de parte de los órganos de la administración pública. Esta norma debe ser entendida en forma extensiva, con la excepción (que autónomamente pueden obviar) de la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, entre otras instituciones públicas. El derecho a participar que tiene la ciudadanía para ejercer su potestad soberana de control y participación en la gestión pública es irrenunciable, lo que se enfatiza al establecer la ley que es contraria a las normas establecidas en este título toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana.

Para hacer efectiva esta participación la ley señala que cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades, actualizadas, formales y específicas de participación, que deben publicarse a través de medios electrónicos u otros, que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.

Para tales efectos es importante destacar que, a contar de la promulgación de la ley el 16 de febrero de 2011, tanto el gobierno del Presidente Piñera como el actual de la Presidenta Bachelet han promulgado Instructivos Presidenciales, que enfatizan y ordenan a los órganos de la administración pública la dictación de Normas Generales y Específicas de Participación Ciudadana en sus respectivas instituciones.
Para hacer efectiva el derecho a la participación ciudadana, la ley explicita que cada órgano de la Administración del Estado deberá poner en conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, completa y ampliamente accesible, información que debe ser publicada en medios electrónicos u otros.
La Ley específica, la realización de modalidades de participación ciudadana. Dichas modalidades están consagradas en los referidos Instructivos presidenciales y no excluye la aplicación de otras modalidades.

Cuentas Públicas. Constituyen un dialogo ciudadano para la evaluación de la gestión gubernamental respecto de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria, que relacionan la ciudadanía con los órganos de la administración pública a través de un proceso basado en la información y la participación, a fin de recoger las preguntas, criticas, sugerencias y propuestas respecto de la acción del gobierno en los diferentes ámbitos sectoriales.
Resulta relevante destacar que dichas observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada anteriormente.

Consulta Ciudadana. Es un proceso por el cual la autoridad consulta a la ciudadanía acerca de sus propuestas o críticas en temas de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas. La ley señala que dicha consulta puede ser de oficio o a petición de parte y la misma deberá ser realizada de manera informada; usando los medios de comunicación adecuados a la convocatoria; pluralista, respetando al diversidad de la representación social interesada en la consulta y representativa, tomando en cuenta la institucionalidad organizada de la sociedad civil cuya opinión sea relevante para la resolución de la consulta. Las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por el órgano respectivo.

Consejos de la Sociedad Civil. Instancias que buscan profundizar la participación ciudadana para un mayor y real involucramiento ciudadano en los procesos de discusión y toma de decisiones respecto de las políticas públicas; deberán establecerse en todos los Órganos de la Administración del Estado. Su carácter es consultivo; estos Consejos deben entenderse como una importante instancia de participación ciudadana que actúa de forma autónoma, presidida y conformada por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo y estarán conformados bajo los principios de; diversidad cultural, ideológica, valórica, de género, étnica, etarea y temática relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil del sector; pluralidad que permita ser integrada representativamente por diferentes corrientes de opinión que se expresan activamente en los temas de gestión: representatividad por organizaciones y personas que tengan un reconocido conocimiento en los temas que abordan los Consejos de la Sociedad Civil.

Estas modalidades no son taxativas. El legislador permite, y los instructivos así lo demuestren, que los órganos de la administración pública pueden determinar otras modalidades de participación ciudadana. Estas pueden ser a modo de ejemplo: Minuta de Posición, Diálogo Participativo, Presupuesto Participativo, Cabildo Comunal, Audiencia Pública.

MODIFICACIONES A LEY 18.695 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.

Como complemento a las normas que obligan a los Órganos de la Administración del Estado a generar modalidades de participación ciudadana, la ley 20.500 incluyó normas para reglar la relación de los municipios con la ciudadanía, modificando la ley 18.695 Orgánica de Municipalidades.

La ley 20.500 sustituye el Consejo Económico y Social Comunal, CESCO, por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Este Consejo, exclusivamente conformado por organizaciones sin fines de lucro, adquiere atribuciones, entre otras, para pronunciarse en el mes de marzo de cada año acerca de la cuenta pública del Alcalde, formular observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al Plan Regulador, entregar su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de la denominación de los bienes municipales y nacionales de uso público que se encuentran bajo la administración de la Municipalidad, como asimismo de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal, solicitar al Concejo municipal pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada año sobre las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio del Consejo, como asimismo la forma en que se efectuará dicha consulta, informando de ello a la ciudadanía, emitir su opinión sobre las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le sometan a su consideración.

Asimismo, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil puede peticionar, con el acuerdo de los dos tercios de sus integrantes en ejercicio, al Concejo Municipal, el someter a plebiscito, las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del Plan regulador o a otras de interés para la comunidad local.

Para hacer que las modalidades de participación alcancen un nivel institucional a nivel comunal la Ordenanza de Participación Ciudadana es el instrumento regulador de esta relación horizontal entre el municipio y la ciudadanía.
Su objetivo central es la de promover la participación ciudadana generando las condiciones para hacerla efectiva, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna, tales como la configuración del territorio comunal, la localización de la población, el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación etárea de la población y cualquier otro elemento que, en opinión de la municipalidad, requiera una expresión o representación específica dentro de la comuna y que al municipio le interese relevar para efectos de su incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que deben regir la administración comunal.

La ley 20.500 innova en este sentido, al señalar que la ordenanza deberá contener una mención del tipo de las organizaciones que deben ser consultadas e informadas, como también las fechas o épocas en que habrán de efectuarse tales procesos. Asimismo, el municipio describirá los instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la participación, entre los que podrán considerarse la elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros.

El fundamento de una ordenanza esta dado en el reconocimiento jurídico que toda persona tiene el derecho para asociarse libremente en la consecución de un interés o finalidad licita. Este derecho se amplia y encuentra una expresión concreta y definida al reconocer la ley el derecho que las personas tienen de participar en las políticas, planes, programas y acciones que emanan de la gestión pública del Estado.
Para subrayar la importancia de este instrumento local de participación ciudadana el mismo debe ser el resultado de la aplicación de principios rectores de la participación ciudadana.

Algunos de estos principios son los siguientes:
• Democracia, entendida como la posibilidad de los vecinos de la comuna, para intervenir en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter económico, político, religioso, racial, ideológico, de género o de ninguna otra especie.
• Corresponsabilidad, entendida como el compromiso compartido de asumir y disponer esfuerzos, por parte de la comunidad y el municipio, para la realización de las decisiones mutuamente convenidas, reconociendo y garantizando los derechos de éstos a proponer y decidir sobre los asuntos públicos.
• Solidaridad, consistente en la capacidad de adhesión de cada habitante del municipio a la causa e intereses de otros sectores o personas, propiciando el desarrollo de relaciones fraternales que eleven la conciencia social y que motiven acciones colectivas para enfrentar los problemas comunes con un alto grado de comprensión y compromiso, que permitan buscar el bien común de la comunidad.
• Representatividad, entendida como la posibilidad de que los líderes de las diferentes organizaciones comunitarias ejerzan su labor, expresando y haciendo valer los intereses de su representación, recibiendo su respaldo efectivo y comprobado, y asumiendo con responsabilidad la toma de decisiones en su nombre.
• Equidad, igualdad de obligaciones y oportunidades para hombres y mujeres habitantes de la comuna, procurando que los beneficios de las medidas, políticas y decisiones lleguen a todos y todas y que puedan de esta forma superar sus niveles de exclusión y vulnerabilidad.
• Respeto de opinión, entendido como la promoción, atención y consideración necesaria, tanto por parte de las autoridades municipales como por parte de la comunidad, de los puntos de vista y expresiones de los habitantes y las habitantes a través de sus organizaciones o cuando sea pertinente de forma individual, a fin de que todos y todas sean escuchados y atendidos.
• Inclusión, como la posibilidad de que los diferentes intereses de los sectores de la comunidad sean incorporados en las acciones y decisiones municipales, sin distinciones de credo, ideología o estatus social, procurando su vínculo con las organizaciones propias de su sector y su expresión a través de las mismas.
• De no discriminación y tolerancia, en el entendido que las políticas públicas vinculadas a la municipalidad en su administración e implementación, considerarán medidas tendientes a un enfoque de derechos para la inclusión de todos los sectores de la comuna, en particular de aquellas personas o comunidades que han sido o son vulnerados en sus derechos.

Para hacer efectivo el derecho a la participación resulta indispensable la existencia de una oportuna, completa, y ampliamente accesible información de los actos del municipio.
El derecho a la información consiste en que las y los ciudadanos de la comuna sean informados de las actividades municipales y a utilizar los medios de información pública general, individualizada y sectorial que el municipio establezca, en los términos, con el alcance y en la oportunidad que determine la legislación vigente.

MODIFICACIONES A LEY 19.418 SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

La mayoría de las organizaciones sociales están reguladas por las normas de esta ley.
Su magnitud solo es superada por las organizaciones deportivas. Aquí están las organizaciones de base que dan vida al tejido social organizado en nuestras ciudades, pueblos, villorrios, barrios. La Junta de Vecino y la Organización Comunitaria Funcional es una institucionalidad de la sociedad civil organizada que obtuvo su reconocimiento jurídico el año 1967 como consecuencia del avance social, de la necesidad de canalizar reformas pendientes por décadas.

La Junta de Vecino es definida por la ley como aquellas organización comunitaria de carácter territorial representativa de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender sus intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades.

Se entienden como Organización Comunitaria Funcional aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva.

Dichas organizaciones desde sus inicios han podido organizarse con una importante limitación, solo podían organizarse como tales en el espacio territorial del municipio, impidiendo la conformación como Uniones Comunales fuera del municipio.
Para subsanar esta limitación y dando lugar a una sentida aspiración de estas organizaciones la ley 20. 500 permite que las JJVV puedan agruparse en Federaciones y Confederaciones de carácter provincial, regional o nacional.

Esta facultad organizacional de estas organizaciones constituye una consecuencia de la expansión territorial que la ley 20.500 permitió al definir que el derecho a organizarse debe considerarse en forma amplia, permitiendo que cualquier asociación podrá constituirse como federación o confederación.

MODIFICACIONES A TÍTULO XXXIII – LIBRO I – CÓDIGO CIVIL.

Todas las otras organizaciones que no estaban regidas por la ley de JJVV y demás organizaciones comunitarias, además de aquellas regidas por leyes especiales, permanecen reguladas por las disposiciones en el Código Civil.
La ley 20.500 introdujo importantes modificaciones al Código Civil. En efecto, incorpora el concepto de asociación asimilándolo al de corporación, introduciendo importantes modificaciones que agilizan y simplifican el proceso de obtención de personería jurídica, estatutos, plazos, constitución de su directorio, funcionamiento y fiscalización, entregando facultades para su tramitación al municipio donde se constituye la asociación/corporación.

En la práctica, las organizaciones sociales pasan a tener la categoría de asociaciones, concepto reconocido en el artículo 1ro de la ley 20.500.
Allí se señala que “Todas las personas tienen el derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. Este derecho comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales”.

En un próximo artículo examinaremos el estado del arte de la participación ciudadana, tomando en consideración; el acuerdo internacional asumido en la Carta Iberoamericana, las normas establecidas en la ley 20.500, y sus distintos reglamentos allí exigidos, las Instructivos de Participación Ciudadana que desde el gobierno de Ricardo Lagos cada gobierno ha emitido, los compromisos asumidos en el Programa de Gobierno, la relación de la participación ciudadana en función del proceso de reformas iniciado y del proceso constitucional anunciado hace unos días.

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