La urgente demanda del aborto en Chile

abril 20, 2014 por Lieta Vivaldi
Lieta-Vivaldi

La demanda del aborto es una de las demandas por los derechos sexuales y reproductivos que buscan reestablecer los derechos básicos de la mujer. Ninguna de estas demandas son nuevas. Desde 1935 el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, ha planteado los problemas que conllevan el aborto clandestino, la prostitución, y la maternidad. Asimismo se planteó en su momento la necesidad de la igualdad salarial, el derecho a voto y participación política, la defensa de las trabajadoras obreras y sindicalización de las trabajadoras domésticas, entre otros[1]. La presencia histórica de estas demandas no hace sino poner de relieve la lamentable vigencia y persistencia de muchos de estos problemas.

¿Cómo hemos llegado acá? Es necesario recordar que el aborto terapéutico fue regulado en el Código Sanitario de 1931, pero fue posteriormente derogado en 1989 por la Ley 18.826, siendo una de las últimas medidas de la dictadura militar. El escenario actual deja a Chile como uno de los siete países más hostiles respecto a la autonomía de las mujeres. El hecho de que en todos estos años no hayamos podido modificar la actual regulación, heredera de la dictadura, debe hacernos reflexionar no sólo sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres,[2] sino también sobre el grado en que somos todavía hijos de un régimen constitucional que no ha sido sancionado democráticamente. La necesidad de volver a legislar sobre el aborto debe ser un paso a la democracia y a la libertad. La actual legislación se funda en un silenciamiento político de las necesidades básicas de la población, silencio que esconde profundas injusticias de género, de edad y de clase arraigadas en la sociedad chilena[3].

Cabe destacar, por ejemplo, que no se han cumplido los compromisos internacionales en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En enero de este año, el país se sometió por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU) ante Estados miembros de las Naciones Unidas. En el primer examen realizado en 2009, ya se había instado a Chile a modificar las leyes relativas al aborto pero Chile rechazó expresamente dichas sugerencias[4]. En este nuevo examen 10 países recomendaron modificar legislación pero Chile nuevamente sólo tomó nota y la representante del SERNAM en la delegación reiteró que la Constitución protege la vida desde la concepción y que el aborto es un delito. Se recomendó instar a iniciar un debate público sobre el aborto en caso de necesidad médica diagnosticada y despenalizarlo en esos casos (recomendación 121.135 del Grupo de Trabajo EPU del informe del 30 de enero); tomar medidas para garantizar el total y efectivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en particular a través de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (121.137), entre otras similares. Asimismo sigue pendiente la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue reconocida por el Estado chileno en 2001 pero que desde el año 2004 se encuentra en el senado.

Que el aborto esté prohibido y que sea ilegal en todas sus prácticas, no significa que no ocurra. Reciente estimaciones hablan de entre 60.000  a 70.000 abortos por año [5].  En esa situación de clandestinidad, la práctica abortiva, lejos de garantizar que su realización en condiciones seguras y dignas, genera una situación de suma vulnerabilidad para las mujeres en general y en particular aún más difícil para aquellas mujeres y familias que carecen de los medios económicos, culturales y sociales para procurarse esas condiciones de seguridad privadamente. La creciente desigualdad del país se traduce en el caso del aborto que sólo algunos pocos pueden acceder a un aborto realmente seguro y sin miedos; la autonomía de la mujer deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio al que acceden quienes tienen dinero para comprarlo y las redes de contacto para mantener las apariencias. Esta doble discriminación, de género y clase, es quizás lo que más debe convocar nuestros esfuerzos.

Un caso interesante es el de la droga Misoprostol, diseñada para el tratamiento de úlceras gástricas, pero que provoca contracciones uterinas y de esta forma interrumpe la gestación. En Chile se ha comenzado a usar masivamente ya que es un método en que no se necesita la intervención de un tercero y es uno de los mejores y más seguros modos para provocar un aborto. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido su uso ginecológico ya sea para acelerar el parto o interrumpir un embarazo de hasta 12 semanas de gestación[6]. En el país desde el año 2001 la compra de Misoprostol se restringió a receta retenida y hoy sólo se encuentra en el mercado negro. El uso del Misoprostol ayuda enormemente a reducir los riesgos asociados a otros tipos de abortos, pero de todas maneras equivocaciones en la cantidad de semanas y dosis utilizada puede causar complicaciones. La información de cómo utilizar el medicamento se encuentra en la red y existen colectivos feministas que entregan información telefónica y en la web sobre la realización del procedimiento y el marco legal del aborto en Chile[7]. Sin duda esto ha sido de una ayuda enorme. Sin embargo, por razones legales no pueden entregar información sobre dónde conseguirlo. Muchas mujeres se ven así expuestas a estafas y riesgos, además de que el acceso al medicamento es más fácil en sectores más acomodados, con mayor acceso a internet, contactos y dinero para costear las pastillas (el cual varía entre 40 a 200 mil pesos).

Fotografía bajo licencia CC, disponible en  Flickr

Fotografía bajo licencia CC, disponible en Flickr

Otro caso es el de los hospitales públicos, del que provienen la mayoría de las denuncias[8].  Esto refuerza la idea que el aborto es un delito principalmente femenino[9] y la persecución y criminalización, recae con especial fuerza sobre mujeres pobres. Parte del personal de salud opta por acusar a las mujeres que llegan con rastros de haberse provocado un aborto y no reguardan la confidencialidad con su paciente, desvirtuando la relación de confianza que debiera existir. El resultado es que el personal de salud se transforma en un persecutor de las mujeres, contando con mayores privilegios para la interrogación que los propios fiscales, puesto que las mujeres que llegan a un servicio de salud por complicaciones y con temores se ven forzadas a confesar. El problema que llama la atención es que gran parte de lo/as médico/as o enfermera/os y matrona/os desconocen el instructivo sobre tratamiento humanizado a la mujer que aborta del Ministerio de Salud[10].

Por mucho tiempo en Chile no se habló de aborto ni de derechos sexuales y reproductivos. El silencio ha tenido como consecuencia no sólo que el aborto no haya sido un tema abierto a un debate real, sino también que muchas mujeres sientan profunda soledad y abandono al no tener con quién hablar o a quién recurrir en caso de estar embarazadas. Hacer del aborto un tema tabú genera profundos temores asociados a la vida, salud y a enfrentar un eventual proceso penal. La clandestinidad, asimismo, permite el maltrato: humillación y abuso por parte de operadores de justicia, policías y profesionales de la salud e igualmente por quienes realizan el aborto.

Una de las tácticas usadas por quienes están en posiciones en el poder es la supresión y silenciamiento de los grupos históricamente oprimidos. Tal como Luther King señala en su Carta desde la Cárcel de Birmingham, los poderosos no van a ceder sus derechos por puro gusto, y en ese sentido es fundamental que la presión social se organice y se ejerza.

De Uruguay nos llega una señal muy positiva con la aprobación de ley de aborto, vigente desde diciembre de 2012. Es un ejemplo para la región de cómo los colectivos sociales y en especial las feministas lograron posicionar, luego de 30 años de lucha, sus demandas y plasmarlas en cambios concretos en la legislación. De esta forma Uruguay se une a Cuba, Guyana y Puerto Rico en la aprobación del aborto en las primeras semanas de gestación sin necesidad de presentar un motivo determinado.

En Chile recién estamos rompiendo el silencio haciendo que las organizaciones cobren fuerza. La discusión del aborto en los debates presidenciales del 2013 pareció un avance de la discusión pública de las problemáticas del aborto, así como la propuesta del programa de Bachelet de despenalizar el aborto en tres causales parece ser un avance en políticas públicas más respetuosas de los derechos de la mujer.

Pero todavía hay mucho por andar, y por eso la labor de las nuevas redes de solidaridad, como las líneas de información sobre aborto, será crucial en un país donde el individualismo extremo pareció por mucho tiempo estancar toda idea de comunidad y donde el principio de igualdad en muchos casos no se traduce en ninguna relación humana real.

A través de los movimientos sociales se está buscando recuperar la participación política, la actividad cívica y un real acceso y ejercicio a los derechos. En este proceso, la perspectiva de género es fundamental. Se ha evidenciado una rearticulación del movimiento feminista, incorporando nuevas generaciones y agentes, y una de las demandas urgentes es la legalización del aborto. Recientemente se configuró la “Coordinadora Feminista” que está conformada por distintos grupos y colectivos que incluyen también representantes secundaria/as, universitarias, sindicatos y otras organizaciones sociales. La “Articulación Feminista” también ha incorporado distintos actores.

Los derechos sexuales y reproductivos comprenden no sólo el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y tener la información, educación y medios para hacerlo, sino también el acceso a la información, los servicios y el apoyo necesarios para tener una vida sana, libre y plena en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, sin discriminación de edad, género, raza, orientación sexual, estado civil, condición socioeconómica, etc.En este sentido, por cierto, para poder ejercer dichos derechos es necesaria una educación sexual no sexista, laica y accesible para todo/as, no sólo quiénes pertenecen a cierta clase social o un entorno determinado. Debe también garantizarse el amplio acceso a métodos anticonceptivos eficaces. Un régimen neoliberal que ha constantemente desbaratado el sistema público de salud, tiene como resultado la incapacidad de otorgar atención digna que fomente una sexualidad libre y responsable, lo que se agrava en la población adolescente. Como consecuencia, los embarazos adolescentes tienen números altísimos y un sesgo de clase: quienes se embarazan provienen en su gran mayoría de sectores más vulnerables lo que ayuda a perpetuar el círculo de la pobreza.[11]

La demanda del aborto es urgente porque la regulación actual sitúa a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento que son evitables. No puede ser que unos pocos privilegiados puedan costearse un aborto en una clínica privada o en el extranjero mientras quien no dispone de recursos deba exponerse a una serie de riesgos fácilmente evitables. La situación del aborto en Chile es también la expresión de nuestra paradójica condición de mujeres en un país que protege y garantiza la libertad económica y la propiedad privada sin permitir disponer autónomamente de nuestros cuerpos. Como la declaración del MEMCH ya señalaba en 1935: “La mujer tiene derecho a la maternidad consciente, o sea solamente voluntaria, en los casos en que su estado de salud y condiciones económicas se lo permitan.” Tenemos por delante el enorme desafío de hacer valer la autonomía reproductiva de las mujeres como agentes y ciudadanas para poder ejercer nuestros derechos civiles y políticos.

 

Notas

[1]Rescatado de http://www.dibam.cl/Recursos/Contenidos/Archivo%20Nacional/archivos/Declaración%20de%20principios.pdf (marzo 2014)

[2]La penalización vulnera el deber de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres a la autonomía; a la igualdad; a la integridad y seguridad personal; a la vida; a no ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante; a la privacidad; al debido proceso; y a la salud.

[3]Parte de la información presentada en esta columna es el resultado de una investigación del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2013, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, realizada junto a Lidia Casas y otras colaboradoras. En dicha investigación se realizaron 61 entrevistas a mujeres que se habían practicado aborto, personal de salud y parejas o acompañantes en el proceso. La investigación completa se puede descargar en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/wp/wpcontent/uploads/2013/10/libro_DD_HH_capitulo2.pdf.

[4] Examen Periódico Universal, Responses to recommendation, Chile, párr. 98, en http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Recommendations_to_Chile_2009.pdf

[5]Datos proporcionados por Olav Meirik, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. La estimación se efectúa a partir de tasa global de fecundidad, mujeres en edad fértil y mujeres que usan anticoncepción, www.icmer.org

[6]Organizacion Mundial de la Salud (OMS), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, 2a ed., 2012, pp. 45-46.

[7]Desde el 2009 funciona el colectivo Red de Feministas y Lesbianas por el Derecho a la Información con Línea aborto seguro y desde este año funciona Línea aborto libre.

[8]Defensoría Penal Pública, Delitos de aborto e infanticidio: Delitos procesados en Chile, 2009, sin publicar.

[9]Cuando los hombres son perseguidos criminalmente, suelen serlo por realizar los abortos o por ejercer violencia en contra de una mujer causando la interrupción del embarazo.

[10]Ministerio de Salud, Ordinario A15/1675, 24 de abril de 2009.

[11] Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, que revela que la proporción de padres adolescentes en la comuna más pobre de Santiago era entonces 22 veces mayor que en una de las comunas más ricas de la capital.

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