Nueva Política Nacional Docente: nuevos viejos problemas y nuevas buenas intenciones

mayo 5, 2015 por Cristóbal Díaz Martínez
Fuente: Radio Universidad de Chile. Fotografias: Alejandra De Lucca V. Victor Inzulza

Fuente: Radio Universidad de Chile. Fotografias: Alejandra De Lucca V. Victor Inzulza

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El problema de la carrera docente tiene casi tantas aristas como profesionales en búsqueda de trabajo. De hecho, una de las primeras paradojas de la docencia en la actualidad se relaciona con la inmovilidad del mercado laboral, dentro del cual muchos profesores con décadas de servicio aún no pueden jubilar, ya sea por necesidad de seguir trabajando en vez de optar a una pensión de hambre, o por encontrarse a la espera del incentivo al retiro, en desmedro de los recién egresados que sólo esperan su oportunidad. Unos se quieren retirar y otros trabajar, pero ninguno de ellos lo puede concretar.

Al conocerse el proyecto de política nacional docente el pasado 20 de abril, y las inmediatas reacciones al mismo, fue posible identificar, a partir del bullado anuncio de aumento salarial, la ausencia de un aspecto que trasciende el dinero y que es, a juicio de muchos profesores, el más importante para una reforma docente real, a saber, la construcción (o devolución) de la autoridad social inherente a un educador, y la creación de opciones reales de capacitación y formación permanente no punitivas. Esto último, debido a que el proyecto vuelve a impulsar una evaluación docente con las características fundamentales que posee en la actualidad: tramos calificativos para clasificar a los profesores, amenazas de despido en caso de “rendimiento insuficiente reiterado”, y el establecimiento de un plazo máximo de 8 años para ascender al menos en un tramo de la escala, lo que se traduce en una presión que, como se ha dicho reiteradas ocasiones, no reciben otros profesionales.

La evaluación docente en la actualidad, que exige construcción de portafolios, grabación de clases en video, creación de material especialmente diseñado para dicha medición, y cuya certificación (en caso de ser positiva) no siempre se transfiere a un aumento salarial, es una forma agobiante de categorizar al profesorado. Los educadores ya cuentan con una evaluación constante, a través de las calificaciones que deben alcanzar los estudiantes con los que trabajan, de la entrega de sus planificaciones, instrumentos evaluativos y de la rendición de contenidos tratados año a año, a su respectiva Unidad Técnico Pedagógica (UTP). También son evaluados en función de la relación que deben construir con padres y apoderados, y en el ambiente laboral al que deben colaborar con sus pares y empleadores. El mal desempeño en alguno de estos aspectos evaluados a diario, puede significar la desvinculación del docente de su lugar de trabajo.

Al revisar la suma de elementos que configuran únicamente el tema de la evaluación, y los que aparecen en el proyecto de política nacional docente, se evidencia el lugar que ocupa el profesor en la sociedad, y cómo es observado por la clase política. La necesidad de supervisar y medir la acción del educador de forma constante revela explícitamente una desconfianza en su labor, una visión según la cual el profesor es el responsable único del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, y de la calidad del sistema educativo. Sin embargo, no es posible que una reforma en educación asuma este supuesto, y cuestione constantemente, o ponga a prueba la buena voluntad de los profesores por educar, ya que desde la formación en pregrado, los estudiantes conocen y asumen las condiciones laborales futuras. Es un hecho que quienes siguen estudiando pedagogía hasta titularse y luego buscan trabajo, lo hacen por vocación. Es difícil encontrar otras razones para explicar la persistencia de un gran número de profesores jóvenes en búsqueda de oportunidades. Además, y como se señaló al inicio, el período de ajuste entre la titulación y la consecución de la estabilidad laboral sería suficiente para agotar la paciencia y el compromiso inicial con la profesión.

A partir del problema expuesto, es inevitable señalar el conflicto creciente que genera la gran cantidad de profesionales en el mercado laboral, respecto de lo cual el proyecto no discute la necesidad de validar la pedagogía como carrera exclusivamente universitaria (sólo establece la obligatoriedad de la acreditación), o de forma aún más radical, de disminuir la oferta de carreras de Pedagogía, cerrándolas durante algunos años, para evitar la sobreoferta, y por ende, que los sueldos sigan estancados.

Por otra parte, si bien la PSU es un sistema de ingreso a la educación superior, por lo menos cuestionable, el proyecto de carrera docente evalúa elevar el puntaje de ingreso a las carreras de Pedagogía de forma progresiva, de 500 a 550 puntos. Como complemento, se considerará el ranking de egreso de la enseñanza media para aceptar en carreras de pedagogía, a estudiantes que se encuentren dentro del 30% más alto de su establecimiento. Si bien esta propuesta es inclusiva, y entrega oportunidades a estudiantes poco habituados y preparados para las pruebas estandarizadas, el proyecto no especifica la realización de evaluaciones complementarias para identificar aptitudes y motivaciones previas, que ayuden a verificar la vocación e interés por la pedagogía, y un seguimiento de estos estudiantes. Hasta el momento, sólo existen los programas propedéuticos de apoyo focalizados en algunos liceos, por parte de universidades como Usach, Ucsh, Uah, Utem, Umce, y otras universidades regionales, que más allá del ingreso, promueven el acompañamiento a los estudiantes durante su educación universitaria en diversas carreras.

El aspecto anteriormente señalado revela la escasa intervención estatal ante la urgencia de construir estándares mínimos para la enseñanza de la pedagogía. No sólo la acreditación y la ampliación de las opciones de ingreso son importantes, sino que deben existir procesos de admisión integrales, nivelaciones a los estudiantes, y elementos comunes en las mallas curriculares que se orienten a la calidad en la formación pedagógica, además del acompañamiento al que han contribuido los programas propedéuticos. Es sabido además que el nivel de formación no es el mismo en universidades tradicionales, que en universidades privadas que invierten más en publicidad que en calidad docente, investigación, recursos para sus carreras y cercanía con sus estudiantes.

Por último, los estudiantes egresados de pedagogía que logran conseguir trabajo, deben enfrentar en su cotidianeidad, además de las evaluaciones y problemas laborales, una experiencia docente enmarcada en salas de clases con 30 o más estudiantes en promedio, aspecto que tampoco ha sido abordado por este proyecto, u otro de los ya presentados en el marco de la reforma educativa. La reducción de estudiantes por sala (acompañada por supuesto, de mejoras en infraestructura) podría ayudar, tanto a aumentar la demanda por profesores, como a mejorar la enseñanza de asignaturas como Inglés, Ciencias experimentales, entre otras, que requieren de un trabajo personalizado con cada estudiante.

En este y otros puntos, sería posible seguir hilando más fino, detallar otros problemas que en el desempeño diario afectan las condiciones del trabajo docente, sin embargo es necesario destacar que estos viejos problemas buscan ser abordados de forma insuficiente por algunas nuevas buenas intenciones.

En primer lugar, el establecimiento de un sueldo minimo podría ser una garantía de establidiad, pero la propuesta, al no llegar siquiera al millón de pesos por jornada completa, sigue siendo una opción de bajos ingresos en relación a otras carreras. Como se señaló anteriormente, una reforma educativa que no pone al profesor en una posición de autoridad social (lo que sí incluye características salariales), no puede ser exitosa, ya que los países a los que suele declararse la intención de imitar (Finlandia por ejemplo), sí poseen altas remuneraciones para sus profesores, por supuesto, entre otros factores igualmente relevantes.

En segundo lugar, se ha declarado la urgencia de derogar el artículo 46 G de la LGE, que permitía que los no docentes hicieran clases, ante lo cual se valida el titulo de pedagogía como requisito excluyente para ser contratado en un establecimiento educacional. Este problema, sin embargo, es reciente (2009), y en ningún caso es una reivindicación histórica, sino que responde a un mínimo de cordura para sostener un nivel básico de calidad en educación, por lo que en ningún caso es un anuncio para celebrar.

En tercer lugar, el anuncio de avanzar progresivamente a una relación más justa entre horas lectivas y de planificación, hacia una relación 65/35, tampoco permite imaginar que los profesores ya no tendrán que seguir trabajando en sus hogares. La medida es insuficiente y es necesario instalar un modelo 50/50, para que los profesores realicen clases de calidad, con material y evaluaciones de calidad, preparados con tiempo, y dentro de su horario laboral.

Estos 3 breves ejemplos, además de lo anteriormente expuesto, consolidan la idea de que estas nuevas buenas intenciones del proyecto de carrera docente no convencen, porque no reivindican el rol del profesor en la sociedad, la autoridad intelectual y valórica que debiese ostentar, ya que para bien y mal, los estudiantes pasan más horas al día en la escuela que cerca de sus padres. Si los docentes no cuentan con condiciones para hacer bien su trabajo, tampoco podrán constituirse como los modelos de virtud y excelencia que tanto se le demandan, y que son útiles para mejorar el sistema educativo.

Ante los pequeños anuncios realizados el martes recién pasado, y la evidente falta de interés de abordar el tema de la autoridad social del profesor como eje del proyecto de carrera docente, no es de extrañar que el colegio de profesores haya decidido restarse de participar a la ceremonia de anuncio por parte del Ejecutivo. Acusan secretismo, escasa socialización de los documentos consolidados previos a la redacción del proyecto de ley, y en la situación actual del gremio, presionado por una disidencia cada vez más notable y con planteamientos constructivos, se ha producido una tensión con el gobierno que puede llevar a movilizaciones orientadas a modificar el proyecto de ley, lo que significa más tiempo de discusión, y mesas de negociación con inciertos resultados.

El agobio laboral que afecta a los profesores, y la necesidad de validarlos en la sociedad como pilares del sistema educativo, son dos aspectos fundamentales que están lejos de ser un interés para esta reforma, ya que las evaluaciones punitivas y las presiones laborales atentan contra el trabajo colectivo de los docentes y por supuesto, contra su capacidad de organización, atomizándolos, individualizando una profesión que es en esencia, colectiva. Las nuevas buenas intenciones no alcanzan para solucionar los viejos problemas y bajo nuevas formas, perpetúan el menosprecio a los profesionales de la educación.

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