Políticas de género y sexualidad en Chile: ¿Transformaciones normativas o adaptaciones de las tecnologías del poder?

agosto 10, 2014 por Esau Figueroa
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Resumen

Chile atraviesa en el 2014 por un momento interesante en lo referido a cambios sociales y políticos en materia de género y sexualidad, cuestión que adquiere mayor relevancia a la luz de las propuestas de transformación planteadas por la actual administración en el gobierno de la Nueva Mayoría. No obstante, es fundamental a la hora de legislar y planificar tener en cuenta una serie de elementos analíticos vinculados, como son el sistema normativo sexo-género y las tecnologías de poder a él asociadas, sin los cuales la generación de políticas y reglamentaciones se presenta como un ejercicio poco asertivo e incapaz de impulsar los cambios buscados. En ese sentido, es deber no sólo de los movimientos políticos feministas o pro-diversidad, sino de todos aquellos que buscan una sociedad más justa el poder concientizar al conjunto social respecto de la necesidad de transformar el modo en que nos concebimos y relacionamos como personas provistas de dignidad.

Palabras clave: género, sexualidad, poder.

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Fotografía bajo licencia CC, disponible en  Flickr

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Introducción

A nivel de las prácticas sociales, los cambios en materia de género y sexualidad en Chile han sido significativos desde el retorno a la democracia (1990), cuestión que puede constatarse a través de diversos estudios que dan cuenta de tendencias favorables para temas que hasta no hace mucho tiempo eran considerados moralmente cuestionables. Entre ellos es posible identificar la aprobación para las relaciones prematrimoniales, la diversidad de estructuras familiares, la temprana edad de inicio de la vida sexual, la participación laboral femenina, el mayor control de la fecundidad, el embarazo adolescente, la homosexualidad, la anticoncepción de emergencia, el aborto en situación de riesgo para la madre y violación, entre otros tópicos (Schiappacasse, Vidal, Casas, Dides y Diaz, 2003; World Values Survey, 2006; Dides, Benavente y Sáez, 2010; ICSO, 2011-2013).

No obstante esta mayor apertura social, también es posible constatar cómo en Chile la discusión política y los cursos de acción para la resolución de los problemas públicos derivados de estas transformaciones han sido complejos, siendo determinados por una disputa ideológica relacionada con el resguardo o el cambio del orden preestablecido (Dides, 2013). Prueba de ello han sido los largos e intrincados procesos asociados con la constitución de diversas leyes, tal como fue el caso de la despenalización de la sodomía con la derogación del artículo 365 (1998); la promulgación de la ley 18.668 que aseguró la continuidad de estudios para estudiantes embarazadas (2000)[1]; la instauración de la ley de divorcio (2004); la Ley 20.418 que fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de regulación de la Fertilidad (2010); o la promulgación de la polémica ley 20.609 antidiscriminación (2012)[2]. Todos ellos cambios institucionales normativos fuertemente resistidos en su momento por sectores religiosos y políticos conservadores.

Aun cuando es posible identificar una serie de conflictos impulsados por estos mismos sectores conservadores, lo cierto es que el panorama actual (2014) se ha presentado aparentemente auspicioso para ciertas causas,  tal como es lo relativa a la homosexualidad, lo cual ha derivado en la discusión parlamentaria del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), la incipiente regulación de hijos de parejas del mismo sexo y muy probablemente la posibilidad de debatir en un futuro próximo en torno al matrimonio igualitario. Del mismo modo, se ha ingresado un proyecto de ley de cuotas de género que pretende conferir mayor equidad al sistema político, el cual ha sido bien recibido por la mayoría de los sectores.

No obstante, otros problemas importantes como es lo referido a la identidad de género[3] o la necesidad de despenalizar el aborto no han gozado de tanta aceptación en el espectro político (transversalmente), situación que denota una particular complicación a la hora de legislar en torno a estos problemas públicos, sobre todo en relación al último.

Lo anterior, sumado a diversas críticas relacionadas con los objetivos y una supuesta “higienización” del movimiento homosexual, plantea un contexto interesante de analizar no sólo en el ámbito específico de las políticas de género y sexualidad en Chile, sino sobre todo en relación con el sistema normativo que regula nuestra interacción social, cuestión relevante si se considera que la actual coalición en el gobierno (Nueva Mayoría) se ha presentado como una administración que busca generar significativas transformaciones a nivel social, político y económico[4]. En ese sentido, es importante tener en cuenta que los cambios que se están planteando no pueden responder solamente a modificaciones de leyes o decretos técnicos, sino a un conjunto integrado de transformaciones provistas de un alcance socio-cultural que modifiquen la estructura normativa imperante.

Esto es complejo, ya que no se debe olvidar que la normatividad está determinada por una dimensión de poder, especialmente difícil de abordar en lo que concerne al género y la sexualidad, la cual sostiene diversas y sofisticadas tecnologías de control. El problema radica en cómo estas mismas tecnologías podrían conllevar a que la norma, más que someterse a las transformaciones impulsadas, responda a través de adaptaciones que permitan la perpetuación del régimen de dominación y por tanto, el mantenimiento del statu quo en esta materia. La no consideración de esta situación podría conllevar a la toma de decisiones erróneas materializadas en leyes o políticas públicas que no generen mayores cambios o que adolezcan de los elementos necesarios para promoverlos de forma integral.

Lo anteriormente expuesto invita a una reflexión, que si bien en este espacio se plantea en un lenguaje académico, también debe ser llevada a cabo en términos sociales y políticos. Prescindir de ella hace inviable el proyecto de una sociedad equitativa y provista de mayores niveles de justicia, específicamente en lo concerniente a las relaciones de género y la orientación e identidad sexual de las personas, como así también en lo referido al pleno derecho a decidir con total autonomía sobre nuestros cuerpos y los proyectos de vida que estimemos convenientes. […]

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NOTAS

[1] Quienes hasta mediados de los años 90 eran expulsadas de los establecimientos educacionales si así era estimado por estos.

[2] Si bien esta ley posee un alcance bastante más amplio (etnia, personas con capacidades diferentes, etc.), es innegable el impacto que tuvo en su componente de orientación sexual y de género, constituyéndose de hecho ese punto en la piedra de tope que mantuvo estancada dicha ley en el congreso por varios años.

[3] Aun cuando actualmente se tramita un proyecto en el congreso.

[4] De hecho, Michelle Bachelet planteó en su programa de gobierno la posibilidad de legislar en torno al aborto.

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