Reflexiones sobre la idea del impuesto a los profesionales: una propuesta alternativa

abril 14, 2015 por Nicolás Grau
Nicolás Grau
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Foto bajo licencia Creative Commons. Original en Flickr

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En las últimas semanas ha reaparecido en el debate público la idea de establecer un impuesto a los egresados de las instituciones de educación terciaria, como una forma de financiar al menos parte del costo fiscal que implica la gratuidad en educación superior. Dado que según lo trascendido en la prensa, tal alternativa estaría siendo estudiada seriamente por el Mineduc, el objetivo de esta columna es discutir su pertinencia, su viabilidad política y las posibles alternativas.

Como primer punto, vale la pena recordar que la idea no es nueva, ya que fue una de las alternativas que barajó el equipo programático de educación en la última campaña de Michelle Bachelet, y que dadas las críticas que surgieron en ese minuto, que daban cuenta de lo impopular de la medida, fue rápidamente descartada como posibilidad. Así las cosas, y más allá de los méritos de la propuesta, parece necesario partir por criticar la mala costumbre de ganar las elecciones con unas propuestas, para luego gobernar con otras.

Peor aun, el resurgimiento de esta alternativa representa, en mi opinión, un signo de la improvisación del gobierno en esta materia. Primero, durante la campaña, se dio a entender que la propuesta en cuestión no sería la forma de financiar la educación superior gratuita. Luego, ya en el 2014, se dijo públicamente que la reforma tributaria, tanto en su diseño original como en el proyecto resultante post cocina de Fontaine, permitiría financiar la totalidad de los compromisos del gobierno de Bachelet. Finalmente, y sin ninguna explicación de cuál hubiese sido el error de cálculo, el gobierno evalúa  llevar adelante el impuesto a los profesionales.

En este último punto cabe resaltar que el bajo crecimiento (menor al esperado) que tuvimos el 2014 y que tendremos el 2015, no constituye una buena excusa para este error de cálculo, toda vez que el equilibrio entre impuestos y gastos permanentes (como lo es la educación superior gratuita) no debiese verse afectado por variaciones de crecimiento de corto plazo. Tampoco es una buena excusa decir que la reforma tributaria sólo permite cubrir lo comprometido para los cuatro años de gobierno, i.e., la gratuidad para los estudiantes de las familias del 70% de menores ingresos, ya que si el gobierno comprometió la gratuidad para la totalidad de la población en 6 años y, a su vez, argumentaba que ésta era una reforma tributaria pensada en el largo plazo, tal reforma debió generar los recursos para que el próximo gobierno pudiera entregar tal gratuidad en sus primeros dos años.

Así las cosas, parece bastante claro que el gobierno comprometió un programa que no es completamente financiable con los ingresos generados por su reforma tributaria. Aquello exige que el punto de partida del debate en torno a la pertinencia del impuesto a los profesionales deba ser el reconocimiento de este error e irresponsabilidad política por parte del gobierno.

Respecto a la pertinencia de la propuesta, habría que partir por afirmar que hay una delgada línea entre un impuesto a los profesionales y un crédito contingente al ingreso (como lo es el Fondo Solidario, FS, sistema anterior al CAE y que aún rige para parte de los estudiantes del CRUCH). En mi opinión, hablamos de un impuesto en la medida que lo que se paga esté relacionado con los ingresos futuros y no con el costo de la carrera de la cual se graduó el estudiante. En tal contexto, no existiría la noción de un precio y podríamos hablar con propiedad de gratuidad. Por ejemplo, este impuesto podría ser tal que todos los graduados que ganen sobre un ingreso mínimo mensual (similar o superior al mínimo del impuesto a la renta), pagan un porcentaje de sus ingresos (laborales y no laborales), y lo pagan de por vida, sin importar el costo unitario de su carrera. En un crédito, en cambio, uno paga la cuota (eventualmente contingente al ingreso) hasta cubrir el precio de la carrera más el interés acumulado. Un impuesto a los profesionales de estas características sería prácticamente equivalente a subir el impuesto a la renta, ya que la mayoría de quienes pagan el impuesto a la renta (menos de un 20% de la población) tienen un título profesional.

La información aparecida en la prensa no permite saber si estamos hablando de un impuesto a los egresados o de un fondo solidario 2.0. Más aun, el hecho que el gobierno actual acaba de empujar una reforma tributaria que baja la tasa marginal de los ingresos más altos (de 40 a 35%), me hace pensar que lo que tienen en mente es algo más cercano al Fondo Solidario que a un impuesto propiamente tal. Dicho esto y bajo el supuesto de que no fueran ciertos mis temores, en mi opinión una perspectiva de izquierda debería apoyar una medida que buscase aumentar los impuestos a quienes obtienen los ingresos más altos, como lo haría un impuesto a los egresados de las características descritas en el párrafo anterior. Si bien es cierto que podría ser mejor aumentar los impuestos a las empresas, en particular a las que tienen rentas asociadas a los RRNN, también es cierto que -más allá del timing- en el horizonte de la izquierda chilena debiese estar el subir todos los impuestos, los personales y los empresariales, pues todos ellos tienen un nivel muy bajo en comparación al promedio de países de mayor desarrollo.

Habiendo expresado mi valoración de la idea del impuesto a los profesionales, pienso que aun en el mejor de los escenarios (de impuesto y no fondo solidario 2.0) ésta es una idea con casi nula viabilidad política. A saber, no entusiasma a la derecha, parece una “gratuidad con letra chica” y nunca ha sido una idea del gusto de la izquierda ni del movimiento estudiantil; no lo era hace año y medio, cuando se barajaba como una opción por el equipo programático de Bachelet, y menos lo sería hoy después de que el gobierno dijera que la reforma tributaria, y su poco republicano método de negociación, permitirían responder a los compromisos de campaña. El movimiento estudiantil tiene todo el derecho a exigir un mínimo de seriedad por parte del gobierno.

¿Cuál puede ser la demanda de la izquierda en este escenario? A mi modo de ver existen dos restricciones a cualquier salida al problema de la falta de recursos para la gratuidad universitaria. Por el lado del gobierno, no existe la posibilidad de promover una nueva reforma tributaria (tampoco de impuestos los egresados) en el corto plazo, como forma de juntar más recursos. Por el lado del movimiento estudiantil, no existe ninguna posibilidad de apoyar una propuesta que no asegure, al menos en el mediano plazo, la implementación de un sistema de gratuidad universal.

Dadas estas restricciones políticas, del gobierno y el movimiento estudiantil, creo que una buena alternativa que sí podría ser viable es partir con una implementación gradual de la gratuidad, pero que hiciera políticamente inviable que ésta no siguiera avanzando en el tiempo. Por ejemplo, se podría comprometer, antes del fin de este gobierno, la gratuidad para el 100% de los estudiantes de las universidades estatales y públicas de regiones o de ciertas regiones (estatales más U. de Concepción, Federico Santa María, Valdivia por ejemplo). Donde la cantidad de regiones involucradas y los beneficios parciales para el resto de los estudiantes (de la RM y las otras regiones que quedasen fuera), tendrían que ser calculados según los fondos disponibles que deja la actual reforma tributaria.

Obviamente con el tiempo se haría políticamente inviable que la gratuidad fuera solo una realidad en algunas regiones y tendría que expandirse a la RM y a las otras regiones que quedasen fuera, seguramente con nuevos aumentos tributarios que serían discutidos en su minuto. En cambio, la propuesta de gratuidad en todas las universidades que cumplan ciertos criterios, pero acotada los estudiantes de las familias del 70% de menores ingresos tiene una muy alta probabilidad de quedarse en ese 70% por mucho tiempo. Lo que claramente no aseguraría la implementación gradual de la gratuidad y, por lo mismo, no podría tener el apoyo del movimiento estudiantil. Por último, la propuesta de partir con una cobertura para 100% de los estudiantes, pero acotado a ciertas regiones, podría verse como una forma de impulsar el desarrollo de tales universidades, las que han sido especialmente dejadas de lado en las últimas décadas, y además permitiría estudiar los efectos más sistémicos de la implementación de la gratuidad universal en tales instituciones.

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